La información la dio a conocer la Misión Permanente de Venezuela en la ONU a través de su cuenta en la red social Twitter.

«Venezuela participa, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, en debate sobre el Informe del Consejo de DDHH ante la Asamblea General, reafirmando prioridad de promover y proteger todos los derechos humanos, sin distinción de categorías ni dimensiones», indicó.

El encargado de declarar fue el embajador Alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, quien ratificó el compromiso de dicho grupo y del país en dialogar y cooperar en el tema de los DDHH.

Además, «resaltó la importancia de observar los principios de objetividad, imparcialidad, no selectividad, no politización y no confrontación».

Con información de Globovisión

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Provea registró un total de 241 víctimas de torturas el año pasado, el segundo registró más alto de los últimos 33 años.

«Luego de un alentador descenso registrado en 2020, un nuevo incremento en el número de víctimas de torturas genera honda preocupación», destaca el informe anual.

La organización también manifestó inquietud por el incremento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas. 60,9% de las víctimas denunciaron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo de seguridad más denunciado por estos casos, señalado como responsable en 155 torturas para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.

El informe reseñó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los recintos donde hay más denuncias son la sede del Cicpc de El Hatillo y la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, ambos ubicados en el estado Miranda, cercano a Caracas.

«Las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma», indicó el documento.

Con información de 800 Noticias

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