En el informe anual de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), presentado el miércoles 10 de mayo, se determinó el aumento de los casos de tortura en Venezuela, con un porcentaje de aproximadamente 148% entre enero y diciembre de 2021.
Provea registró un total de 241 víctimas de torturas el año pasado, el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
«Luego de un alentador descenso registrado en 2020, un nuevo incremento en el número de víctimas de torturas genera honda preocupación», destaca el informe anual.
La organización también manifestó inquietud por el incremento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas. 60,9% de las víctimas denunciaron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo de seguridad más denunciado por estos casos, señalado como responsable en 155 torturas para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
El informe reseñó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los recintos donde hay más denuncias son la sede del Cicpc de El Hatillo y la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, ambos ubicados en el estado Miranda, cercano a Caracas.
«Las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma», indicó el documento.
Con información de 800 Noticias
