La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en su primera discusión, el proyecto de reforma eléctrica venezolana.
Esta propuesta legal, enviada por el Ejecutivo nacional bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, plantea una reconfiguración del modelo energético del país mediante la apertura a capitales privados.
El Parlamento busca reestructurar la ley del sistema y del servicio eléctrico para atraer nuevas inversiones que estabilicen el suministro nacional.
El diputado Orlando Miranda presentó el proyecto ante la plenaria y subrayó el valor estratégico de la reforma para la nación.
Detalló que la iniciativa se fundamenta en la Constitución venezolana, la cual otorga al Poder Público Nacional la competencia sobre el régimen general de los servicios públicos domiciliarios.
Asimismo, señaló que la propuesta forma parte del compromiso gubernamental para optimizar la infraestructura afectada por la crisis de apagones.
Alcance de la reforma eléctrica venezolana
El nuevo esquema energético consta de 42 artículos y diversifica los actores prestadores del servicio mediante un régimen de concesiones públicas.
El texto legal define modelos de economía mixta estructurados bajo cuatro modalidades de participación corporativa. El sector público mantendrá el control estatal como eje central, pero permitirá la creación de empresas mixtas mayoritarias donde el Estado retenga más del 50% del capital social.
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De igual forma, el marco jurídico contempla la participación minoritaria de consorcios y la operación de empresas privadas debidamente registradas.
Las distribuidoras y comercializadoras asumirán una corresponsabilidad civil y penal ante las fallas del suministro. La ley obligará de forma directa a las corporaciones a indemnizar económicamente a los ciudadanos por los daños materiales que sufran a causa de las fluctuaciones del servicio.
Para incentivar la inversión privada nacional e internacional, las autoridades diseñarán un nuevo pliego de tarifas que refleje los costos reales de operación y garantice una rentabilidad razonable.
Adicionalmente, las administraciones regionales aplicarán exoneraciones tributarias temporales condicionadas a la ejecución de obras en las áreas más críticas del tendido eléctrico.
