El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria reportó que un número importante de universidades públicas presentan retrasos administrativos, situación que pudiera dejar a su personal sin bono de responsabilidad académica.
De acuerdo con el balance oficial emitido por el organismo ministerial, apenas 33 de las 71 universidades públicas del territorio nacional consignaron los recaudos exigidos para la validación de las nóminas.
Este escenario genera un retraso de pagos que perjudica de forma directa al personal obrero, administrativo y docente.
Las autoridades explicaron que los departamentos de recursos humanos deben cargar los datos del sistema de manera obligatoria para habilitar los fondos públicos.
El despacho sectorial reiteró que el procesamiento de las bonificaciones exige que los rectores entreguen las listas del personal activo y jubilado sin errores de transcripción; de esta forma, garantizar que las universidades no se queden sin bono.
Por ello, el pago a universidades faltantes permanecerá suspendidos temporalmente hasta que las comisiones técnicas verifiquen la autenticidad de cada expediente laboral.
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Exhorto a los rectores de las academias
La paralización de los incentivos económicos profundiza la crisis universitaria que denuncian diversos sindicatos desde hace varios meses en el país.
Ante esta coyuntura, el despacho ministerial exhortó a los representantes de los planteles morosos a consignar la documentación faltante a la brevedad posible para agilizar los desembolsos.
El ente estatal busca evitar que los errores de gestión interna de las autoridades académicas afecten los ingresos básicos que perciben los docentes en Venezuela.
Por otra parte, el comunicado oficial agradeció la celeridad de las 33 instituciones que completaron el trámite dentro de los lapsos legales establecidos.
Asimismo, procesan los datos de estas dependencias para liberar los depósitos de forma prioritaria en las cuentas bancarias del personal verificado.
Los gremios de la educación superior mantendrán un monitoreo constante sobre el avance de las auditorías públicas. Esto hasta que el Ejecutivo complete la asignación del beneficio a todos los trabajadores inscritos en el sistema nacional.
