El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, notificó formalmente el desconocimiento de la nacionalidad venezolana de Alex Saab tras detectar severas anomalías en su documentación civil.
Cabello argumentó que las instituciones del Estado actúan en estricto apego a las leyes migratorias vigentes en el territorio nacional.
Saime audita cédula de Saab
La decisión institucional surge como resultado directo de una investigación administrativa exhaustiva dentro de los organismos de identificación.
Cabello aseguró que el personal del Saime hizo la auditoría a la cédula de identidad del ciudadano investigado para verificar la legitimidad de sus datos filiatorios en el sistema digitalizado.
La inspección técnica arrojó la ausencia total de un expediente físico o electrónico que respalde el otorgamiento del documento de identidad nacional.
Por ello, los peritos confirmaron que el serial presentado, con supuesta fecha de emisión del año 2004, carece de validez legal debido a la inexistencia de un acta de naturalización oficial.
Por esta razón, el Ejecutivo Nacional ordenó la inmediata expulsión de Saab de las fronteras venezolanas bajo cargos de falsificación de documentos públicos.
Las autoridades civiles revocaron cualquier prerrogativa legal previa y procedieron al arresto administrativo del empresario para asegurar su salida inmediata del país.
Diosdado Cabello justificó la medida coercitiva durante el encuentro semanal con la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela.
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El jefe de la cartera de seguridad interna recalcó que el Estado venezolano mantiene una política de tolerancia cero frente a los fraudes de identidad.
Asimismo, la resolución gubernamental reconfigura por completo el estatus de Saab ante la comunidad jurídica internacional. El ministro amparó el procedimiento en las prerrogativas constitucionales que norman la cooperación judicial internacional en materia de persecución del delito.
El artículo 271 de la Carta magna establece claramente la obligatoriedad de entregar a los ciudadanos extranjeros que guarden relación con redes de delincuencia organizada transnacional.
El ministro señaló que el uso de una documentación fraudulenta anula de forma automática cualquier protección diplomática especial en suelo patrio.
