La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retornó este miércoles al país tras su participación protagónica en las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Su viaje a los Países Bajos tuvo como objetivo principal la defensa indeclinable de los derechos históricos y soberanos de la nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba, cerrando así una semana crucial de deliberaciones.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de Telegram, Rodríguez expresó su plena satisfacción por los resultados de la jornada, calificando la exposición y defensa venezolana como «extraordinaria». Acompañada por altos representantes del Estado, como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la mandataria aprovechó la ocasión para exaltar la cohesión política nacional en torno a este tema. En este sentido, agradeció expresamente el respaldo unánime del Parlamento, reconociendo de manera especial el apoyo de la bancada de la oposición venezolana, un hecho que a su juicio consolida la postura de «una Venezuela unida» frente a una causa de trascendencia histórica.
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Durante su contundente intervención del día lunes ante el alto tribunal de las Naciones Unidas, Rodríguez no dudó en calificar el caso territorial impulsado por Guyana como un «absurdo antijurídico». La presidenta encargada advirtió de manera tajante que ninguna sentencia emanada de la CIJ logrará ofrecer una solución definitiva y mutuamente aceptable. Por el contrario, argumentó que un fallo judicial solo llevaría a ambas naciones a atrincherarse en sus respectivas posiciones, alejándolas de la vía diplomática y del arreglo práctico. Para respaldar su defensa, Venezuela consignó un exhaustivo expediente documental de más de 3.000 folios, aunque Rodríguez denunció públicamente que el Reino Unido obstaculizó el proceso al negarles el acceso a pruebas fundamentales.
El histórico litigio involucra una extensa región rica en recursos que actualmente representa cerca de dos tercios del territorio administrado por Guyana, pero que Caracas reclama como propia argumentando su pertenencia desde la época colonial. La disputa escaló al plano judicial en marzo de 2018, cuando Georgetown acudió a la CIJ exigiendo la validación y el efecto vinculante del Laudo Arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, mantiene la nulidad de dicho laudo desde 1962 por considerarlo viciado, y defiende férreamente el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido y competente para alcanzar una solución dialogada a la controversia fronteriza.
