El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, negó este jueves 3 de agosto que las seis personas condenadas a 16 años de prisión, el pasado martes primero del mes en curso, sean sindicalistas.
«No son líderes sindicales, no pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajadores activos, ninguno está registrado en el IVSS, aparecen como desempleados»; expresó Saab en una declaración.
El fiscal explicó que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín actuaron «al margen de la ley y conspiraron contra la democracia» reseñó Unión Radio en su portal web.
Aseguró que pertenecían a una organización «subversiva y conspirativa» llamada Unidad de Resistencia Popular (URP) y habían planificado realizar varias acciones.
«Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia»; aseveró.
ONG se activan
Mientras que la organización no gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos informó, a través de su cuenta en Twitter, que los trabajadores fueron condenados por delitos de conspiración y asociación para delinquir por la jueza Grendy Luque y que «las únicas pruebas de la Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter»,
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó la condena arbitraria de 16 años contra los trabajadores y reiteró que el sistema de justicia en Venezuela está viciado. Añadió que el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses.
Con información de 800 Noticias.
