La Asamblea Nacional sancionó este martes, por unanimidad, la reforma parcial de la Ley del TSJ.
El instrumento legal, debatido en sesión ordinaria, contempla una reestructuración profunda del máximo tribunal del país.
Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, informó que la modificación busca optimizar la eficiencia procesal y reducir el retardo en las decisiones judiciales que afectan a la ciudadanía.
Alcance de la reforma del TSJ
El cambio más significativo de esta normativa se encuentra en el artículo 8, el cual establece la ampliación de la Sala Plena.
Por consiguiente, el número de magistrados pasará de 20 a 32 integrantes. Esta medida permite que las cinco salas ordinarias aumenten su capacidad de tres a cinco miembros cada una.
Asimismo, la Sala Constitucional ahora contará con siete magistrados en lugar de cinco, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las demandas de la población.
Este incremento de nuevos magistrados TSJ responde a la necesidad de atender el volumen de causas pendientes en el Poder Judicial.
Según el informe de la Comisión de Política Interior, la nueva estructura facilitará un debate más plural y técnico en cada una de las instancias del Supremo. El parlamento subrayó que la reforma del TSJ es un paso necesario para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva.
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Organización y control de la justicia en Venezuela
La ley también define la jerarquía de los órganos auxiliares del Poder Judicial. El artículo 80 estipula que la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría de la Defensa Pública dependerán directamente de la Sala Plena.
Este ajuste organizativo busca centralizar la supervisión y mejorar la formación de los funcionarios, elevando los estándares de la justicia en Venezuela.
En caso de faltas absolutas en las direcciones de estos entes, la Asamblea Nacional procederá a nuevas designaciones por un periodo de siete años.
Por otra parte, la normativa obliga al Tribunal Supremo a iniciar una reorganización interna inmediata una vez que el Ejecutivo firme el ejecútese. Esta transición administrativa debe cumplir con las disposiciones finales que exigen transparencia y celeridad en el proceso de adaptación estructural.
La plenaria remitió el texto definitivo al Palacio de Miraflores para su respectiva promulgación. Se espera que esta sentencia del Supremo administrativo marque el inicio de una etapa de renovación en las instituciones públicas.
