La Asamblea Nacional inició el debate para concretar una parcial reforma de la Ley Orgánica del TSJ que busca transformar la estructura del Poder Judicial.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó el proyecto de ley que contempla elevar la cifra de magistrados de 20 a 32 integrantes.
Esta iniciativa responde a la necesidad de acercar las instituciones a los ciudadanos y garantizar respuestas oportunas ante la acumulación de causas pendientes en las distintas salas.
Impacto de la reforma del TSJ en la justicia
El cambio estructural pretende fortalecer el sistema de justicia mediante una distribución más amplia de las responsabilidades legales.
Según la propuesta, cinco de las salas técnicas aumentarán su composición de tres a cinco miembros titulares.
Por su parte, la Sala Constitucional, que funciona como la instancia de alzada del tribunal, contará con siete juristas en lugar de los cinco actuales. Esta ampliación operativa facilitará el despacho de sentencias y reducirá los tiempos de espera para los ciudadanos.
La incorporación de nuevos magistrados en Venezuela permitirá una conformación más plural del máximo tribunal de la República.
Rodríguez enfatizó que la meta no radica en modificaciones superficiales, sino en atacar problemas de fondo como la criminalización de los sectores vulnerables.
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Celeridad judicial y Ley del TSJ
El jefe del Poder Legislativo instó a los sectores de la oposición a construir consensos para la aprobación definitiva de la Ley del TSJ y sus artículos modificados.
Asimismo, recordó que la búsqueda de acuerdos políticos ha sido exitosa en designaciones previas de otros poderes públicos. La intención es que las vacantes generadas por renuncias o jubilaciones se cubran bajo un criterio de unidad nacional que favorezca la estabilidad institucional del país.
La celeridad judicial es el eje central de este ajuste normativo presentado ante la plenaria este martes. Los parlamentarios consideran que un tribunal más robusto podrá enfrentar con éxito el retardo procesal que afecta a miles de usuarios.
Tras superar la primera discusión, el texto pasó a la Comisión Permanente de Política Interior para su revisión detallada. Se espera que en las próximas sesiones ordinarias el proyecto reciba la sanción definitiva para su posterior publicación en Gaceta Oficial.
