El Poder Legislativo venezolano inició el proceso de recepción de solicitudes para que ciudadanos en el exterior se acojan a los beneficios de la Ley de Amnistía.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que la comisión especial tiene instrucciones precisas para atender casos de políticos que permanecen fuera del territorio nacional.
Rodríguez explicó que diversos actores vinculados a eventos de alta peligrosidad y usurpación de funciones ya han manifestado su interés en el proceso.
No obstante, omitió nombres específicos ante los medios de comunicación. El objetivo principal radica en procesar las solicitudes de quienes ejercieron la política en el pasado y hoy buscan resolver su situación jurídica mediante este instrumento legal.
Dudas en la Ley de Amnistía
La aplicación de la Ley de Amnistía para los exiliados presentó inicialmente dudas jurídicas sobre la obligatoriedad de comparecer ante los tribunales.
Sin embargo, una modificación técnica permite ahora que los interesados cuenten con representación legal mediante un poder otorgado a abogados de confianza.
Por ello, este ajuste elimina la necesidad de que el solicitante ingrese al país para iniciar el trámite, facilitando la ruta para los liberados en Venezuela que anteriormente poseían medidas cautelares.
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Asimismo, las estadísticas oficiales revelan un avance significativo en la ejecución de la norma. De las 9.000 solicitudes analizadas, las autoridades han otorgado libertad plena a 7.365 ciudadanos.
Este grupo incluye a personas que mantenían regímenes de presentación o arresto domiciliario. Por consiguiente, el flujo de amnistía para políticos y activistas sociales continúa bajo la supervisión de la comisión de seguimiento.
El texto legal excluye taxativamente a responsables de delitos de lesa humanidad, narcotráfico o rebelión militar.
Actualmente, 245 personas que se encontraban en centros de reclusión han recuperado su libertad total.
Asimismo, el gobierno mantiene su postura de revisar cada expediente para garantizar que el beneficio alcance a quienes cumplan con los criterios de convivencia pacífica establecidos por la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.
